
Todos estamos convencidos que De Juana es un asesino que arrebató la vida a 25 personas sin darles la más mínima oportunidad. La policía le detuvo. Los jueces lo juzgaron y le condenaron a 20 años de cárcel. Posiblemente muchos de nosotros pensemos que fue una condena injusta y pequeña para sus delitos. Pero era la pena que permitía la ley vigente en ese momento. Cuando estaba a punto de salir en libertad se le imputaron dos nuevos delitos. Delitos de opinión por unos artículos escritos en el periódico Gara. Por estos delitos se le pidieron 96 años de cárcel, que en la sentencia se quedaron en 12 años y siete meses. Sentencia que sus abogados recurrieron en su momento al Tribunal Supremo que en un par de semanas resolverá el recurso.
¿Qué nos encontramos ahora? A un hombre –un asesino que no se ha arrepentido de sus crímenes – en huelga de hambre que le ha llevado a poner en serio peligro su vida, a quien la justicia le niega la prisión atenuada (que recoge nuestro sistema jurídico) por el deterioro físico que sufre.
Por otro lado está el uso que se ha hecho de la ley, que es el que ha complicado las cosas, al juzgarlo para evitar que saliera de la cárcel alegando que no se ha arrepentido ni se ha rehabilitado, olvidando que el ha cumplido su pena y que no ha cometido delitos en la presión; por lo que acusarlo en la manera en la que lo fue es forzar la legalidad.
Por eso pienso que por interés de los partidos, por un populismo comprensible y también por dejadez judicial el caso De Juana se nos ha convertido en un serio problema de la justicia y de nuestro Estado de Derecho.
